«Acusan a Vaticano de incumplir normas de protección infantil», titulaba la web de Terra.com (13.05.2011). Y en esa misma dirección iban otros encabezados de diferentes periódicos internacionales como el venezolano El Universal (cf. «Denuncian que el Vaticano incumple obligaciones en materia de protección infantil», 13.05.2011), el limeño Peru21 (cf. «El Vaticano no ha protegido a menores», 13.05.2011) o el portal digital de la cadena de televisión estadounidense Univisión («El Vaticano incumple obligaciones en materia de protección de infancia», 13.05.2011). Como otras veces, los titulares son inadecuados porque dan una impresión equívoca que precisa contexto.
En la segunda semana de mayo de 2011 la organización Amnistía Internacional dio a conocer su informe anual 2011 «El Estado de los derechos en el mundo 2011». Por primera vez en la historia de esa organización se incluye una referencia explícita al estado más pequeño del mundo, el Vaticano. La referencia es en el área de «derechos de la infancia: respuestas a los abusos infantiles».
La información vertida en el reporte es temeraria e inexacta por varios motivos. El primero de ellos, quizá el más significativo, es que se valga de hechos acontecidos, en su inmensa mayoría, más de dos décadas atrás para llenar un informe que alude al año precedente al de su publicación (es decir a 2010). No sin razón el líder la Liga Católica Antidifamación de los Estados Unidos, Bill Donohue, señaló que el informe «es una actuación ideológica, no un trabajo de investigación» (véase la declaración completa en el siguiente enlace).
Ciertamente no es el único defecto del escueto informe de Amnistía Internacional (se puede leer completo aquí). Otro de sus fallos es universalizar las faltas (habla, por ejemplo de «abusos sexuales generalizados») y denunciar sin pruebas. Alude a que la Iglesia «no ha cooperado con las autoridades judiciales» y que no «ha garantizado una reparación adecuada a las víctimas». No dice dónde, no dice quiénes ni dice cuándo para dar veracidad a sus invectivas.
Desde luego que un solo caso de abuso ya es demasiado y que en algunas diócesis, desgraciadamente, hubo no pocas situaciones verdaderas y deplorables de este tipo; pero esto no justifica inculpar sin las necesarias pruebas que acompañen, maticen y ofrezcan datos reales, no generalizaciones estilo New York Times, como hace el informe. De hecho, el único caso geográfico al que apela es al de Irlanda y de ahí da pie a sus disquisiciones universalistas. Por otra parte, resulta extraño que se hagan imputaciones contra la Santa Sede sobre acontecimientos, ciertos o supuestos, sucedidos fuera de las fronteras del país en cuestión (lo que además lleva la impronta de imputabilidad directa contra el Papa). Ordinariamente se juzga por lo que sucede dentro de los países, no fuera de ellos.
La declaración de Donohue no parece estar lejos de una realidad escondida tras este anómalo informe. En 2007 la Iglesia retiró su apoyo moral y económico a Amnistía Internacional tras la política adoptada por esa organización en pro de la despenalización del aborto a nivel internacional. De hecho, el 21 de agosto de 2007 emitieron una nota para responder a las declaraciones del cardenal Tarcisio Bertone (véase «Declaración de Amnistía Internacional en respuesta al secretario de Estado del Vaticano», 21.08.2007). La «venganza» esperó cuatro años en llegar.
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