¿El impuesto eclesiástico y la «venta» de los sacramentos en Alemania o un problema de comunicación?

«Si quieres sacramentos, tienes que pagar». En línea general, ésta es la impresión que dentro y fuera de Alemania ha quedado reflejada por diferentes medios de comunicación a raíz de la decisión de la Conferencia Episcopal Alemana de no administrar los sacramentos a los ciudadanos alemanes que declaran civilmente no pertenecer a la Iglesia católica.

El Decreto fue hecho público el 19 de septiembre de 2012 y entró en vigor el 24 del mismo mes. En síntesis prevé que las personas que en el registro civil declaren que ya no pertenecen a la Iglesia católica, y que en consecuencia dejan de pagar el impuesto eclesiástico, no podrán participar de forma activa en la vida de la comunidad eclesial, lo que implica no poder recibir los sacramentos.

¿En Alemania se paga un impuesto eclesiástico? Cuando en el siglo XIX se nacionalizaron los bienes de la Iglesia católica el Estado introdujo una forma de compensar esa nacionalización: el sistema jurídico alemán previó que cada ciudadano que declarase en el registro civil su pertenencia a una confesión religiosa implicaría una contribución para sostener a la religión que decía pertenecer. El Estado se convertía en canalizador de esa ayuda económica. De esta manera, y con ligeras variantes a lo largo de estas décadas, los alemanes que reconocen públicamente su adscripción confesional pagan voluntariamente entre un 8% y 9% extra de impuestos sobre la renta al Estado, quien encauza ese dinero a la religión a la que los ciudadanos públicamente dicen pertenecer.

Desde luego que es un poco problemático vincular el pago de un impuesto (en vocabulario clerical lo deberíamos llamar «diezmo») al reconocimiento público de la personal adscripción religiosa, pero también es justo entenderlo en el contexto específico del país donde sucede y de acuerdo a la historia de la Iglesia en ese país. De suyo, gracias a ese «diezmo» la Iglesia católica alemana financia no pocos proyectos de caridad cristiana en países de África, América latina y Asia y es, hoy por hoy, el primer empleador no gubernamental en toda Alemania.

Pero en los últimos años no pocos alemanes han comenzado a  cancelar su pertenecía a la Iglesia católica en el registro civil por diferentes motivos. Canónicamente, se trata de casos de apostasía (negación pública de la fe de Jesucristo recibida en el bautismo) y esto es realmente el meollo del asunto. La Iglesia no puede dar los sacramentos a un apóstata que libremente decide no ser parte de ella.

«Se trata de una declaración precisa. Quien pide al registro civil cancelar su pertenencia a la Iglesia  católica no será parte de ninguna manera de la comunidad eclesial. No se puede escapar de la dimensión «civil» de la Iglesia y definirse al mismo tiempo católico. Este es el punto fundamental del Decreto», declaró el padre Hans Landendoerfer, S.J., secretario general de la Conferencia Episcopal Alemana a Radio Vaticana (cf. «Decretodella Chiesa tedesca su quanti dichiarano all'anagrafe di non essere piùcattolici», 20.09.2012). Y añade: «Esta ha sido siempre la posición de la Conferencia Episcopal y estamos contentos que ahora también quede escrito y aprobado de modo oficial. Esta es la diferencia con el pasado: ahora el párroco deberá ocuparse directamente de quien quiere abandonar la Iglesia. Con este documento queremos demostrar que queremos ocuparnos también de quien no quiere ser parte de la Iglesia».

A finales de septiembre de 2012 esta nueva praxis quedó refrendada también por un organismo gubernamental: el Tribunal Federal Administrativo Alemán dio la razón al obispado de Friburgo el pasado 27 de septiembre. En 2007 Hartmut Zapp canceló en el registro civil su pertenencia a la Iglesia católica pero reclamaba su «derecho» a seguir formando parte de ella. Finalmente se ha fallado a favor de la Iglesia católica y el Estado alemán reconoció que es asunto de la Iglesia, y no del Estado, el modo como la comunidad religiosa se relaciona con quienes apostatan.

Esta nueva forma de proceder que, dicho sea de paso, cuenta con la aprobación de la Santa Sede, presenta en el fondo una preocupación que se ha pasado de largo en el ir y venir de informaciones: el interés por las personas que se dan o quieren dar de baja. De hecho, es significativo que no se trata de una fría decisión sino de una oportunidad de acercamiento por parte de los sacerdotes de cada parroquia: «Aquellos que pidan ser borrados como católicos del registro civil, recibirán una carta del párroco de la zona. Se les pedirá un encuentro y un coloquio. En este diálogo se buscará entender la motivación de esa decisión. Se explicará también cuáles serán las consecuencias ligadas a esta salida. Obviamente los sacerdotes buscarán hacer cambiar de idea a estas personas, así como poder darles la posibilidad de participar en la vida de la Iglesia, con los deberes que implica», dijo también el padre Landendoerfer a Radio Vaticana.

Con todo este contexto se puede concluir parafraseando a Diego Contreras en su blog «La Iglesia en la prensa»: la introducción de elementos de confusión están presentando a la Iglesia como una organización interesada solamente en el dinero. Posiblemente no todo sea «culpa» de los medios ávidos de reportar conflictos sino también un problema de comunicación institucional de la misma Conferencia Episcopal.

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